El Diputado de la Nación Dr. Gilberto Alegre comparte el documento sobre la temática que expuso el último 24 de febrero en la jornada "El Calendario Legislativo del Campo 2017", organizado por la Fundación Barbechando en la localidad de Exaltación de la Cruz.
A continuación compartimos el texto:
El sector agroindustrial ha sido protagonista relevante en la generación de riquezas en nuestro país.
En los últimos años de la gestión anterior se frenó de una manera ostensible el desarrollo del sector, sirviendo de ejemplo para esta afirmación la pérdida de más de diez millones de cabezas de ganado y la siembra de la menor superficie de trigo de los últimos 100 años, por solo mencionar algunos de los datos más elocuentes. Comportamiento similar se dieron en la producción de maíz y girasol, todo en beneficio de la soja y en desmedro del cuidado del medioambiente, circunstancia obligada por la pérdida de rentabilidad de las producciones afectadas
La gestión actual, tras algunas medidas de carácter general que beneficiaron a muchos sectores de la agroindustria, hizo presumir que se iniciaba un camino nuevo y que el pasado no volvería.
Pero a poco de andar se advierte que esas medidas no resultaron suficientes porque la inflación comenzó a presionar sobre los costos y éstos afectan la rentabilidad de la economía rural, fundamentalmente la más alejada de los puertos donde el precio de los fletes impacta severamente sobre los resultados. Si bien la zona núcleo aún conserva algunas ventajas con relación a las actividades productivas más alejadas, es claro que las medidas, a todas luces, han resultado insuficientes y se manifiesta con mayor dureza esa realidad en la actividad pecuaria, donde los precios de la hacienda y la falta de créditos atentan claramente contra un crecimiento sostenido .
Existe además, un escenario con falta de inversión para la investigación y la infraestructura, con políticas fiscales regresivas, con inflación y costos de fletes elevados, donde pierden protagonismo las economías regionales y se sufre el impacto en la productividad y en los resultados de las empresas. La consecuencia de estos hechos es el desplazamiento de la familia del medio rural y el de los contratistas de producciones extensivas, en beneficio de las grandes empresas, contribuyendo a despoblar el interior de nuestro país.
Queda mucho camino por andar. El sector agroindustrial es uno de los componentes estratégicos de todo programa de crecimiento económico y social sustentable de nuestro país, de generación de empleo genuino y de desarrollo armónico de todo el territorio nacional
Argentina es un país agroexportador que necesita de un programa integral para su desarrollo.
Los poderes ejecutivo y legislativo deben acompañar la resolución de los problemas despejando ambigüedades e inequidades y alineado todas los organismos del estado en un programa estratégicos de fomento de las exportaciones.
No es suficiente haber corregido algunas de las grandes distorsiones que limitaban al sector, sino que es necesario avanzar en mejorar las estructuras burocráticas y de logística que atentan contra la actividad y hacen que muchos piensen que la solución es una nueva devaluación, cuando lo que realmente hace falta es trabajar esencialmente sobre los costos.
La presión impositiva es un gran condicionante que además limita el espacio territorial al excluir a muchas zonas productivas ante la imposibilidad de hacer rentables empresas alejadas de los puertos o centros de logística.
Se necesitan políticas integrales, activas, rápidas y solidas basadas sobre leyes que den previsibilidad y sustentabilidad al sector, solo así lograremos definitivamente transformar el crecimiento en desarrollo.
En nuestro país, hay diagnósticos que destacan cuáles son los principales factores que atentan contra un desarrollo sostenido del sector, no obstante los cuales nunca se elaboraron o se trabajaron en un plan que diera previsibilidad a toda la producción agroindustrial en el largo plazo. Sistemáticamente la resolución de problemas se fue dando sobre situaciones coyunturales desfavorables.
Algunos de esos obstáculos que dificultan el crecimiento, lo constituyen la degradación institucional que genera inseguridad jurídica, la distorsión de precios, producto de la excesiva carga impositiva y muchas veces el atraso cambiario. A esto se suman otros aspectos económicos como las dificultades de acceso al crédito y las elevadas tasas de interés como así también la falta de infraestructura portuaria y de transporte que encarecen los fletes.
Estas trabas son las que le restan competitividad a nuestra producción.
Y no se observa que el estado esté planteando un debate dentro en nuestro país acerca de la asignación de recursos. En este momento se están tomando créditos internacionales y estos ingresos no están siendo destinados a bajar los costos de producción.
Este nuevo escenario nos obliga a investigar e invertir en lo que constituyen nuevos desafíos para mejorar nuestras producciones e ingresos, teniendo presente el gran potencial de generación de fuentes de trabajo genuina, que demandan cada día mayor proporción de mano de obra calificada. Debemos estar atentos a nuevas necesidades de la sociedad moderna donde las personas aspiran a variados propósitos que trascienden mas allá de la dignidad de contar con inserción laboral y recibir una retribución económica, como son los de llevar a cabo actividades más dignas, satisfacer aspiraciones personales y de la sociedad y a aspirar a una mejor calidad de vida.
El campo ofrece estas posibilidades.
Diversos estudios han previsto objetivos alcanzables en los próximos 10 años.
Como generar más de 500.000 puestos de trabajo genuino, de los cuales se estima que un 30% serán empleos de calidad.
Exportación e Inversión en la Industria de la Trasformación.
Se podrán generar ventas por valor de 55.000 millones de dólares, incrementando la participación de los productos transformados por la industria en un 22%. Para ello, la industria alimenticia requiere un nivel medio de inversión del orden de los 2.300 millones de dólares anuales.
Proponemos: Un programa integral de desarrollo que atenderá aspectos tecnológicos, productivos, económicos, sociales, territoriales y de infraestructura.
Esto requiere no sólo legislación y normativa adecuadas; sino también cambios profundos de conducta tanto en lo público como en lo privado.
Algunas premisas y convicciones.
Tanto el poder ejecutivo, como el legislativo deben generar mayor expectativa en la resolución de los problemas con rapidez. Para ello hay que dar mayor participación a los actores, crear ámbitos públicos-privados de análisis y propuestas, para lograr una clara visión de conjunto en las agendas, e ir más rápido en las soluciones, y obtener compromiso de los involucrados.
Debemos agregar que los actores, a través de las instituciones que los representan se comprometan a participar. Solo con su esfuerzo y colaboración se logrará mayor transparencia, único camino para lograr cambios profundos que beneficien al conjunto. La lucha contra la aftosa es un claro ejemplo de que lo propuesto es posible.
Otras acciones pueden ser implementadas sin mayores esfuerzos como la simplificación de los procedimientos formales y eliminación de trámites redundantes.
Uno de los ejes de la política debe ser mejorar la calidad de vida de las zonas rurales, sus pueblos y ciudades. El campo y la agroindustria deberán ser gigantes generadores de empleos directos e indirectos.
La educación es fundamental para el sector en todos sus niveles: básica e inicial; secundaria y técnica , para preparar los trabajadores que la agroindustria necesita, y que hoy no consigue (tanto mecánicos –torneros, soldadores; etc.- como especialistas en robótica, programación, sistemas, etc.) y por última fortalecer la educación de grado y posgrado, para asegurar la provisión de profesionales bien formados, con conocimientos actualizados y capacidad de actuar en ambientes muy cambiantes; así como de investigadores en ciencias básicas o aplicadas, que aporten a la transformación del sector y ayuden a lograr el salto tecnológico necesario.
Acciones concretas para la agroindustria.
a) Legislar para que la cadena láctea exprese su potencial y renueve competitividad.
Promulgar una ley que fortalezca la institucionalización de los tambos, mejore la transparencia de los mercados por medio de relaciones contractuales claras, evite los abusos de poder y permita que el propio sector financie su transformación, y proteja a los tambos de las variables externas que lo golpean, y en ocasiones los destruyen. La cadena láctea se debe mantener por sí misma, para ello se propone una tasa sobre el escalón comercial del 1 %, y con ello constituir un fideicomiso que interviene para dar sustentabilidad y continuidad a la generación de leche, mejorando la competitividad de la cadena.
b) Romper el estancamiento tecnológico que existe hoy en semillas.
Para ello es necesario limitar derechos que coexisten en las simientes, acorde a la realidad biotecnológica, considerando las leyes nacionales y tratados internacionales ya ratificados. Además se deben hacer valer los derechos de los agricultores y la situación de los pequeños productores. Se desea lograr competitividad en uno de sectores estratégicos de la ciencia y la tecnología nacional. Argentina debe ser protagonista en el desarrollo de semillas, para ello se requiere una ley clara y justa, que permita incorporar nuevas tecnologías, en la que se libre una sana competencia que redunde en mejora de productividad y crecimiento (territorial y productivo) que beneficie y proteja claramente el desarrollo nacional . Sin ley solo se benefician las grandes empresas multinacionales principalmente.
Por otra parte se ve en nuestro país un potencial enorme para hacer empresas tecnológicas que marquen una diferencia, pero necesitan el marco adecuado para que esa oportunidad no se pierda.
La producción de semillas no solo es un negocio en sí mismo de gran potencial y agregado de valor, es además un insumo estratégico sobre el que se basa la productividad de nuestro campo, que en definitiva es una de las actividades que mas genera divisas en nuestro país.
Nuestra propuesta, se basa en los acuerdos alcanzados en el año 2.012, reconociendo la protección al pequeño productor exceptuándolo del pago de regalías, limita numerosos abusos empresarios e impulsa un INASE fuerte y con capacidad de sancionar el comercio ilegal.
c) Legislar para cuidar el suelo y los otros recursos Limitar los impactos ambientales.
Apuntando al cuidado de los suelos, la preservación de las cuencas, cuidando la fragilidad de los desiertos y humedales. Todo en una sola ley en donde los actores de la sociedad hagan lo que les compete. El productor debe incorporar o profundizar en las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), con acciones como la rotación de los cultivos, el uso de terrazas, aplicaciones de agroquímicos seguras, etc.
El estado debe tener un rol activo en la promoción del cuidado del medio ambiente.
Estamos presentando un proyecto de ley para que el estado incluya en los planes educativos las BPA
El estado nacional actuará promoviendo y armonizando el ordenamiento territorial de sus provincias. En un esquema de inversiones, que abarque la infraestructura (incluyendo temas tan básicos como los caminos rurales) y las mejoras a nivel predial con herramientas de estímulo (por ejemplo si una provincia promueve terrazas, el uso de fertilizantes o la producción forestal en una zona, el estado nacional podrá colaborar con desgravaciones impositivas).
d) Legislar para las economías regionales
Una ley para las economías regionales atendiendo cuestiones particulares como la problemática de la mano de obra transitoria, la reconversión de los pequeños productores, la trasparencia de los mercados, los costos de la logística y el transporte.
e) Acotar el riesgo y estabilizar el resultado económico de las empresas por medio de un seguro.
Las inundaciones y las sequias afectan de lleno a los productores, no discrimina zonas, tamaño de explotación, y en algunos casos las consecuencias en las empresas puede ser destructiva. Ya hay diversas propuestas en comisión. Nosotros proponemos el SISA (Sistema Integrado de Seguros Agrícolas), hemos acompañado la iniciativa del Diputado Borsani para establecer la protección voluntaria de las actividades agropecuarias y los campos. Esta se implementaría con liderazgo del Ministerio y las empresas de seguros, con cobertura multirriesgo (granizo, incendio, inundación, sequia, vientos, plagas y enfermedades). El estado promoverá su consumo y subsidiará una parte del costo, además está previsto que un consejo consultivo colaborará para mejorar las tomas de decisión.
La producción agropecuaria debe organizarse de manera más previsible y sin duda los seguros contribuyen a esos objetivos.
f) Mejorar el financiamiento y acelerar la inversión en la cadena cárnica.
Hay que mejorar la accesibilidad al crédito, disminuir el riesgo crediticio del tomador y favorecer la baja de las tasas. Promover créditos a valor producto, potenciando el sistema de Warrants. En este caso modificando la ley de forma tal de que su aplicabilidad y tiempo de vigencia aumente, que pueda mantenerse luego que la cosa ha sufrido una transformación, sabiendo que si bien los seres vivos son móviles se los puede seguir con las tecnologías existentes. Los instrumentos de financiación acelerarían el progreso de actividades centrales como la producción de carne.
Debe incluirse en la estrategia al sector financiero y discutirse el plazo de los créditos que deberán ajustarse a los ciclos de la producción y, como quedo dicho, ser reembolsables a valor producto.
Se requiere una ley federal de carne para su ordenamiento y promoción: Las reglamentaciones y disposiciones deben ser ordenadas y cumplidas. Las provincias, los departamentos y los municipios deberán aceptar y respetar las reglas del caso (La trazabilidad productiva y comercial es central y debe resolverse bien). No habrá competitividad real si no se desarma el doble estándar (sanitario e impositivo). Esto ayudará al SENASA para ejercer y coordinar su tarea, y aquí, la trasparencia y formalidad se debe lograr de la mano de la trazabilidad, por ejemplo por medio del uso de un chip.
Ante el anuncio del posible cierre de la fabrica de SanCor en la localidad de Coronel Charlone, la Secretaria de Desarrollo Social, Fabiana Martirene, y la directora de los pueblos, Estefanía Gherra, mantuvieron reuniones con el delegado local, Walter Reyna, para conocer la situación. 
Cartelera de Cine en el Microcine del teatro Español
