Leyendo los comunicados de la Sra. Ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Silvina Batakis, surgen necesarias cuestiones que no han sido consideradas.
Entre esas cuestiones, merece destacarse que a la información que ofrece a la comunidad le otorga carácter de acusación, analizando únicamente los parámetros de los municipios que participamos en el Frente Renovador.
Para dar forma a su acusación, incurre en uno de los mayores desaciertos de la gestión que defiende, que es la negación de la inflación.
Entonces, nos acusa por nuestros aumentos de tasas, especialmente por la prestación de servicios para mantenimiento de caminos rurales (en nuestro caso superior a los 3.000 km) y olvida que los municipios tienen la obligación de contraprestar el servicio por el cobro de esas tasas.
Cuando hablamos de una contraprestación es importantísimo referirnos a la cuestión de los costos de ejecución en los servicios. Es un tema que no se toca y que afecta a todos: la inflación.
Así, por ejemplo, en el período 2007/2013, el gasoil aumentó para el Municipio de General Villegas de $ 1,52 a $ 7,17 (372%) y respecto a los salarios, el valor del módulo se incrementó de $ 2,87 a $ 12,31 (329%).
Ponemos énfasis en el tema de la contraprestación, ya que a partir de las distintas reformas de la Ley 13.010 que regula la distribución de lo recaudado por Impuesto Inmobiliario, la Provincia pasó de destinar el 75% de lo recaudado para el mantenimiento de los caminos de tierra al 12% a través de la última modificación por la Ley 14.403, trasladando de esta forma, toda la responsabilidad a los municipios, sin que esto signifique la transferencia de fondos adicionales.
En resumen, por cada peso ($ 1) recaudado por la Provincia de Buenos Aires a través del inmobiliario rural, sólo 12 centavos ($ 0,12) es destinado a conservación de caminos de tierra, cuya ejecución depende de los municipios.
Por lo contrario, por cada peso ($ 1) recaudado por los municipios a través de la tasa vial, para prestar el servicio se destina un peso ($ 1), debido al constante incremento de los costos.
Estos números adquieren mayor relevancia cuando observamos que en el 2012 se recaudaron $ 1300 millones por Inmobiliario Rural y para el 2013 se proyecta una percepción de $ 1600 millones.
Es decir que el Gobernador le sacó al campo a través del Inmobiliario Rural $ 1.144 millones (88%) para destinar a otros gastos en 2012 y quitará $ 1.408 millones (88%) en 2013, en una Provincia que como consecuencia de las políticas hacia el sector agropecuario, se quedó sin trigo y tuvo la mayor reducción de cabezas de ganado de la historia.
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