Por Gustavo Laurnagaray
Los vecinos del noroeste bonaerense, en medio de la angustia por la crecida del río V y la falta de atención de su gobierno, se enteraron de que al frente del Ministerio de Seguridad de La Pampa está Juan Carlos Tierno.
Su incursión violenta en territorio bonaerense despertó la indignación de los tranquilos pobladores de Villa Sauze y Sansinena, pueblos de un puñado de habitantes. Enclavados en medio de la pampa húmeda, mezclan el ritmo pueblerino y los hábitos rurales con el boom tecnológico que llevó al agro a rendimiento de nivel mundial.
El concejal de Rivadavia, Jorge Pablo Rosolen -quien recibió golpes de la Policía pampeana cuando intentaba dialogar con los funcionarios pampeanos por el trabajo- lo describió con simpleza: “Tierno es un sicópata que tiene que renunciar e ir preso”.
David Díaz, el joven que sufrió las heridas más graves por las balas de los policías pampeanos (le destrozaron una pierna) fue quien describió el accionar del enceguecido ministro pampeano: “Fue quien tomó un bastón y nos atacó. Después se desató la represión”. Las lesiones que sufrió Díaz serán otro costo que cargará el Estado pampeano por las andanzas de Tierno.
Tal vez los bonaerenses que ahora se asoman a la figura de Tierno no conocen sus antecedentes.
Funcionario desde el año 1983, Tierno despotricó contra la política cuando estaba acorralado judicialmente. En su embestida, defenestró al propio Carlos Verna y al exgobernador Rubén Marín, quien le abrió las puertas de la política.
Juan Carlos Tierno carga sobre sus espaldas una condena por el delito de abuso de autoridad en su corto paso por la Intendencia de Santa Rosa en el año 2007. Apenas 87 días fueron suficientes para mostrar su falta de apego a la ley. Fue condenado a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación en fallos de primera instancia y por la Cámara del Crimen. La condena no está firme porque Tierno sabe embarrar la cancha: un cadena sin fin de recusaciones a tribunales y jueces pampeanos y la excusación (por enemistad, en su mayoría) de abogados de las matrículas de Santa Rosa y General Pico le permiten en la actualidad no tener conformado el cuerpo que debe tratar sus quejas judiciales. Un artilugio para la impunidad: la causa lleva ocho años sin que se llegue a condena firme.
Las inconductas de Tierno alcanzaron su máximo despliegue cuando se declaró en rebeldía en el juicio oral en su contra. Eludió la presentación ante sus jueces y fue necesaria su detención para que declare en diciembre de 2014. Los jueces que participaron de ese juicio por las amenazas y las intimidaciones anónimas que recibieron debieron ser custodiados en sus domicilios particulares.
Cuando fue echado de la Intendencia de Santa Rosa con movilizaciones multitudinarias y heterogéneas, Tierno acusó a los manifestantes de responder a los intereses del narcotráfico. Repitió esta ignominia cuando fue preso por negarse a concurrir al juicio oral.
A pesar de estos antecedentes, el gobernador Carlos Verna dejó de lado la prudencia y lo designó al frente del Ministerio de Seguridad.
Cuando todos aconsejan, ante la problemática de la inseguridad, las políticas de desarme y el retiro de las armas a los delincuentes, el gobernador pampeano eligió el camino contrario. Puso en manos del condenado Tierno todo el poder de fuego de la Policía pampeana, toda la tecnología informática y las herramientas legales de un ministerio.
Los desbordes violentos de Tierno desataron firmes reacciones de pobladores, dirigentes e instituciones bonaerenses y pampeanas. Pero también el sonoro silencio de parte de la oposición política pampeana, que resultó un control a los desquicios de Juan Carlos Tierno en su paso por el gobierno santarroseño. Mala moneda de cambio aceptó esa oposición, si un pacto político los obliga a renunciar a los valores democráticos e institucionales.
Tierno es apenas un síntoma de la política pampeana. La sociedad pampeana, y más específicamente la santarroseña, se expresó contra Tierno en todas las formas. Lo dejó de lado en la última interna abierta del Partido Justicialista. Es un desatino de la clase gobernante despreciar estos mensajes. La represión brutal desatada contra los pobladores de Villa Sauze y de Sansinena que provocó esta crisis de gobierno obliga a tomar decisiones que eviten costos más gravosos.
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