El Senado provincial aprobó un proyecto de ley que obliga a las empresas de trasporte a instalar en los vehículos un dispositivo inviolable que registrará excesos de velocidad, detenciones, kilometraje y otros detalles, pero además bloqueará el sistema de arranque si detecta alcohol en la sangre del conductor.
El proyecto, que ahora deberá sancionar en ley la Cámara de Diputados, fue presentado por el senador Ricardo Zamperetti, aunque se le hicieron agregados de otros autores, con el objetivo de “solucionar una problemática tan importante como lo es la seguridad vial, la ineficacia del transporte público y la ausencia de un efectivo contralor en nuestra provincia”, explicó. De este modo, los vehículos habilitados para el transporte de pasajeros urbanos, interurbanos y especializados de excursión, que circulen por el territorio bonaerense, tendrán que llevar este dispositivo que “permitirá registrar y controlar, con indicaciones de tiempo y lugar, velocidades por GPS, alarma sonora y lumínica ante excesos, trayectos realizados, paradas efectuadas, frenadas y maniobras bruscas e identificación del chofer”.
Y precisamente lo que se agregó es que estos elementos, que aún no han sido fabricados, detecten la presencia de alcohol en sangre del conductor bloqueando el sistema de arranque. "Vendría a ser algo similar a lo que es la caja negra de los aviones", simplificó el diputado del Pro.
La futura ley determina que el implemento “deberá posibilitar en la vía pública, una fácil y rápida lectura y almacenamiento de la información” que se extraerá mediante un puerto USB. Además, de acuerdo a la reglamentación, quien los fabrique deberá remitir uno a la Dirección de Transporte provincial para su archivo. Si bien las empresas de transporte tendrán que afrontar los costos de la incorporación de esta nueva tecnología, la norma prevé que la inversión se pueda deducir del Impuesto Automotor. Zamperetti remarcó que la Dirección Provincial Transporte “carece de medios humanos que le permitan realizar una adecuada actividad sobre las empresas prestatarias del servicio”, ya que “en la actualidad sólo se cuenta con once inspectores para controlar todo el transporte público de pasajeros de la provincia de Buenos Aires”.
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